Reversazo en el tribunal
Un fallo judicial revoca miles de despidos en Educación
Ya son cuatro las decisiones judiciales que dan marcha atrás a despidos diligenciados a la luz de la Ley 7 de Emergencia Fiscal.
La Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF) anunciará hoy las nuevas directrices que emitirá a los jefes de agencia a raíz de la revocación por la vía judicial de los despidos de cerca de 6,000 trabajadores afectados por la segunda ronda de cesantías contenida en la Ley 7.
Anoche, el grupo compuesto por el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Carlos García; el secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Miguel Romero; el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, José Pérez-Riera; el secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig y la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), María Sánchez Bras, se encontraba reunido de emergencia, definiendo las directrices que impartirían a los titulares de las agencias.
La reunión fue provocada por la decisión del juez superior Carlos Dávila Vélez de dejar sin efecto las cesantías de los empleados administrativos y de mantenimiento en el Departamento de Educación (DE).
Esta es la cuarta sentencia del Tribunal que revoca despidos procesados al amparo de la Ley 7.
La pasada semana, fueron declaradas nulas las cesantías de 22 empleados de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) debido a que esos empleados estaban expresamente exentos de los despidos por ley.
Una decisión anterior revocó el despido de 41 bomberos por no haber sido notificados adecuadamente. Estas cesantías podrían volver a efectuarse si se les notifica como exige la ley.
notificación defectuosa
En su sentencia de ayer, el juez Dávila Vélez determinó que el Estado no cumplió con el requerimiento de notificar adecuadamente los despidos a los empleados del DE agrupados por el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT).
Como consecuencia, todas las cesantías en el DE fueron declaradas nulas.
A esos efectos, el Tribunal ordenó que si el Gobierno persiste en su intención de despedir estos empleados, debe enviar las notificaciones nuevamente de forma adecuada. Las cesantías serían efectivas 30 días después de dicha notificación.
Esto significa que cerca de 3,000 empleados administrativos y de mantenimiento del DE cuyos despidos entrarían en vigor el viernes próximo ahora terminarían sus labores para el mes de diciembre.
Mientras, los casi 3,000 conserjes que quedarán sin empleo en enero de 2010 también deben ser notificados de nuevo.
Otro revés
Más temprano en el día, la jueza superior Rebecca de León Ríos declaró nulos los despidos de seis empleados periciales del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), ya que la Ley 7 fue clara al excluirlos del plan de cesantías del Gobierno.
En la sentencia, De León Ríos expone que en julio la Legislatura enmendó la ley para incluir que “los patólogos, personal pericial y técnicos del Instituto de Ciencias Forenses” estarán excluidos del plan de cesantías.
Por esta razón, expuso que “no podemos, so pretexto de interpretar la ley, alterar esa voluntad claramente expresada y añadirle o quitarle al estatuto lo que no dice”.
Con su decisión, los empleados Migdalia Báez Rodríguez, Marisol Vázquez Agosto, Frank Padilla Carrasquillo, Víctor Vega Báez, Ángel Acosta Castillo y José Alberto Lugo Domínguez logran permanecer en sus trabajos en Ciencias Forenses. Éstos ocupan puestos regulares de coordinador de pruebas de detección de sustancias controladas y otras pruebas especiales, que según la jueza caen en el renglón de personal pericial de la agencia.
“Cuando la ley es clara no es necesario utilizar otros medios para interpretarla más allá de su propio texto”, afirmó en la sentencia de diez páginas.
Esta decisión de De León Ríos es similar a la que emitió el pasado 21 de octubre en favor de 22 empleados de OSAJ.
posponen cesantías en estado
Por otro lado, los 99 empleados despedidos en el Departamento de Estado recibieron ayer una carta en la que se les notificó que las cesantías quedaban sin efecto.
La notificación entregada a la mano o mediante correo les informa que la determinación fue tomada luego de haberse verificado que las copias de sus cartas de certificación de antigüedad no fueron enviadas a la organización sindical certificada como su representante exclusivo.
“Por lo tanto, su empleo no cesará efectivo el 31 de octubre de 2009, según notificado. Próximamente se le enviará una nueva comunicación relacionada a este tema”, lee la misiva, según informó Ana Gregorio, portavoz de la JREF.
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