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jueves, 18 de febrero de 2010

Prioridades de la educación en Puerto Rico

Enfocados en detener despidos en Educación

Aseguran que esto perjudicará a niños de educación especial

Rosa Lydia Vélez (izquierda) inició en 1980 un pleito de clase contra el Departamento de Educación. A su lado, Isamar Malaret, participante de educación especial.

Por Keila López Alicea / keila.lopez@elnuevodia.com

Todavía no se ha dicho la última palabra en torno a los despidos de un tercio de los empleados no docentes del Programa de Educación Especial, pues un grupo de padres está decidido a revertir la decisión.

Por esta razón, el Comité Timón de Padres de Educación Especial anunció ayer que radicaron un recurso ante el Tribunal de Apelaciones para detener las 250 cesantías producto de la Ley 7 de Emergencia Fiscal.

Rosa Lydia Vélez, demandante en el conocido pleito de clase contra el Departamento de Educación (DE) que inició en 1980, explicó que el juez José R. Negrón del Tribunal Superior de San Juan declaró no ha lugar esta solicitud en una vista celebrada el 8 de febrero.

“Nosotros no estamos atacando la Ley 7, lo que estamos diciendo es que la Ley 7 va a afectar los servicios de nuestros niños (...) Si antes de la Ley 7 no se daban los servicios, ¿cómo esperan poder darlos ahora?”, señaló Vélez.

La mujer indicó que la sentencia emitida en el 2002 contiene una cláusula que le ordena a la agencia gubernamental discutir con los demandantes cualquier situación que la afecte económicamente para buscar una solución que no perjudique a los alumnos. Según Vélez, esto no se cumplió antes de aplicar el polémico estatuto. Aunque la Ley 7 no aplica a los maestros, sí dejará sin empleo a unos 250 empleados administrativos y terapeutas de los 700 que trabajan directamente con los alumnos del programa, explicó Vélez.

“Este año, el DE igualó su peor nivel de cumplimiento (con la sentencia), el mismo que tuvo en el 2005 cuando se estableció la multa de $2,000 diarios. No hay multas que vayan a reparar el daño a los niños porque el DE no le teme a las multas”, sostuvo Vélez.

En una escala de 0 a 4, el nivel de cumplimiento del DE es de 1.4. Esto sólo incluye 2 de los 87 señalamientos que aparecen en la sentencia, pues el tribunal todavía no ha obligado a la agencia a cumplir con los otros 85.

Asimismo, Nilda Forte, del Comité Timón de los demandantes, aseguró que el DE ha incumplido con una directriz del tribunal que exigió que presentaran un plan con las medidas que tomarán para evitar que las cesantías afecten a los estudiantes, a pesar que la sentencia del juez Negrón establece que el DE sí lo hizo.

“Lo que han dicho es que van a traer personal nuevo para suplantar a los que se van. Van a traer gente nueva, que no tiene el conocimiento ni la experiencia con el pleito, para que los que se van los entrenen. Lo mejor es que dejen en sus puestos a la gente que ya sabe lo que hace”, expresó Forte.

Las madres recordaron la determinación fallida de la administración pasada de adiestrar empleados de comedores escolares como asistentes de maestro de educación especial.

“Le hacemos un llamado al Gobernador. Cuando hizo su campaña política dijo que iba a terminar con el pleito de clase. Lo que no sabemos ahora es cómo se va a terminar, si positiva o negativamente”, sostuvo Vélez.