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martes, 25 de mayo de 2010

SORDERA y CEGUERA EN LA IUPI

El Nuevo Dia SILVERIO PÉREZ
HUMORISTA
25 Mayo 2010

Sordos que no quieren ver

La presidenta de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera, nos ha dado la clave para entender lo que está pasando en el País. En un programa radial dijo, con gran pomposidad, que “no hay peor ciego que el que no quiere oír”. Ese gazapo lingüístico nos puede servir para, en una de sus variantes, describir a los que nos gobiernan en este momento: sordos que no quieren ver.

No han querido ver ni escuchar que por primera vez en la historia los once recintos de la Universidad de Puerto Rico se unieron en una sola voz detrás de los reclamos de los estudiantes. Tan despistados están que creyeron que subvencionando una asamblea de estudiantes en el Centro de Convenciones iban a lograr revocar el mandato de huelga del estudiantado. Dando cátedra de procedimiento parlamentario, el estudiantado ratificó la huelga y salió de allí más unido y combativo que antes.

No han querido ver ni escuchar que por primera vez en la historia se reunieron los profesores de todos los recintos y respaldaron los reclamos de los estudiantes y aprobaron mociones por unanimidad para exigirles la renuncia al presidente de la UPR, José Ramón de la Torre, y a la Presidenta de la Junta de Síndicos. Ésta, ante ese reclamo, dejó ver con toda claridad con quién están sus lealtades al expresar que le importaba poco la opinión de los profesores ya que quienes la nombraron, o sea, los políticos, eran los únicos que le podían pedir la renuncia.

No han querido ver ni escuchar la capacidad intelectual y moral del liderato estudiantil versus la brutalidad del cuerpo policíaco y de quienes lo dirigen. Los estudiantes se muestran como seres pensantes que resuelven sus problemas con el diálogo y el choque de ideas. El Estado por su parte reprime y criminaliza la disidencia. Cuando dialogué con Leovigildo Vázquez, uno de los altos oficiales de la Policía, antes de proceder junto a un grupo de artistas a entregarles alimentos y medicinas a los estudiantes, no me supo explicar de dónde salía la legalidad de impedir nuestro acto y ante la ausencia de argumentos dio la espalda y se marchó. Nosotros hicimos lo que veníamos a hacer y fuimos recibidos a macanazos y empujones. Al otro día el Superintendente se tuvo que allanar a permitir lo que era imposible prohibir: alimentar y darles medicinas a personas que están ejerciendo un derecho reconocido por la Constitución.

No han querido ver ni escuchar las críticas a un acto de insensibilidad, el “fund raising” a $1,000 el plato, en momentos en que se les quiere aumentar la matrícula a los estudiantes pobres del País y sus familiares son despedidos de sus empleos. El “fund raising” fue piqueteado. A los estudiantes les permitieron entrar en el vestíbulo del hotel Sheraton para hacerles una encerrona donde pudieran macanearlos y patearlos. Las imágenes son más que elocuentes sobre la brutalidad desplegada: la líder sindical Luisa Acevedo fue golpeada y atacada con gas pimienta sin ninguna razón que no fuera el que “era popular”, tal y como expresó el Gobernador; un estudiante ya en el piso, inmovilizado por cuatro policías, le fueron aplicadas tres descargas eléctricas de una pistola “taser” y posteriormente fue pateado por el superintendente auxiliar, José Rosa Carrasquillo. Las actuaciones de sus jefes envalentonaron a los policías a hacer expresiones de gozo en Facebook por “haber podido, por fin, patear a los pelús”.

No han querido ver ni escuchar la ola de indignación que recorre el País por estos actos, los cuales han generado mensajes de solidaridad desde diversas partes del mundo. Se amparan en representar la “mayoría silente” cuando lo cierto es que le sirven a una minoría de menos de un 2% que controla la mayoría de los ingresos del País. Hablan en contra de la violencia pero ejerciendo la violencia institucional han trastocado el Tribunal Supremo, han desmantelado las Comunidades Especiales y mientras despliegan su aparato policíaco frente a los portones de la UPR, permiten que la criminalidad y el narcotráfico alcancen niveles nunca antes visto en el País.

Vivimos en un estado policíaco con sordos que no quieren ver.

La pregunta es: ¿Hasta cuándo lo vamos a seguir permitiendo?