MAL MANEJO de los fondos federales en el Departamento de Educación

EDITORIAL DE EL NUEVO DÍA, 08 Julio 2010

Turbio manejo de fondos federales

El que miembros de la alta dirección del Departamento de Educación (DE) hayan promovido y protagonizado el quebrantamiento de sus procedimientos internos diseñados para canalizar y administrar correctamente las aportaciones federales que recibe, es un reprochable acto con visos de corrupción que requiere inmediata rectificación.

El que miembros de la alta dirección del Departamento de Educación (DE) hayan promovido y protagonizado el quebrantamiento de sus procedimientos internos diseñados para canalizar y administrar correctamente las aportaciones federales que recibe, es un reprochable acto con visos de corrupción que requiere inmediata rectificación.Es en extremo desmoralizadora la noticia publicada ayer por El Nuevo Día sobre cómo los fondos federales en el DE nuevamente se manipulan para beneficio de los intereses de allegados a la administración de turno. Ahora se trata de la adjudicación directa de contratos millonarios por servicios profesionales que debieron de haber sido sometidos a procesos de subasta.

Según documentos obtenidos por este diario, en el 2009 durante la incumbencia como secretario de Carlos Chardón, la entonces dirección del DE ignoró las determinaciones de su propia Unidad de Adjudicación de Fondos de la Oficina de Asuntos Federales y otorgó directamente contratos millonarios por servicios profesionales.

Esta es una práctica imperdonable en cualquier agencia gubernamental. Pero que ocurra en el DE y nada menos que con los fondos federales que han estado bajo estricto escrutinio del Gobierno federal desde los condenables actos de corrupción ocurridos durante la incumbencia de Víctor Fajardo, entra en el terreno de la temeridad indescriptible.

Lo más chocante de este más reciente episodio es que la irregularidad reportada no ocurrió por la falta de mecanismos de control internos. Éstos sobran en la agencia, particularmente en la Oficina de Asuntos Federales responsable de velar por el fiel cumplimiento de “La guía para la selección de servicios profesionales que son sufragados con fondos federales”.

Este documento establece requisitos claros para garantizar que todos los contratos de servicios profesionales que son administrados por el DE y pagados con fondos federales se otorguen justamente y de acuerdo con los requisitos del Gobierno federal. De hecho, en el caso en cuestión, la Oficina de Asuntos Federales del DE hizo su trabajo y denunció uno de los contratos ante la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Educación federal.

El gran problema que tiene que ser atendido por esta y administraciones futuras es erradicar la desidia con que personas llegan a puestos de confianza en el DE y se piensan por encima de las normas administrativas diseñadas para que el proceso de adjudicación de fondos a través de los planes de trabajo y las propuestas competitivas sea transparente, equitativo e imparcial.

Ahora que el gobernador Luis Fortuño está en el proceso de nombrar un tercer secretario de Educación en menos de dos años, convendría asegurarse que la persona a ser nombrada y su equipo de trabajo internalicen que no hay cabida en ninguna otra agencia, y menos en el DE, para malos hábitos administrativos y la perversión de los procedimientos legítimos.

Pero además de bregar con el problema en forma prospectiva, se hace necesario terminar la nefasta práctica de manejar la corrupción con paños tibios. Desde los tiempos de Fajardo para acá han salido a relucir múltiples casos de irregularidades y malversación de fondos federales sin que aquéllos que perpetúan la corrupción en la agencia enfrenten responsabilidad por sus actos. ¿Acaso ahora se va a esperar que sea el Gobierno federal el que una vez más inicie los pasos para enderezar los entuertos en el DE?

Los fondos federales en el DE no pueden seguir siendo vistos como una gran piñata cuyas golosinas están para ser captadas por aquellos mejor posicionados.

Esta perversa cultura se tiene que eliminar mediante estrictos procesos de rendimiento de cuentas y el escarmiento, ya sea por la vía administrativa o legal, de aquéllos que traicionan los principios morales y éticos del servicio público.