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viernes, 9 de julio de 2010

Entre subastas y la corrupción gubernamental

Un año sin subastas

El DE obvió el proceso tras implantarse la Ley 7

UN ex funcionario del Departamento de Educación asegura que el con la Ley 7, el Gobierno creó una emergencia para evitar llevar contratos a subasta.

Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com

NUEVA YORK - Santiago Bonilla, quien estuvo encargado de las compras a nivel central del Departamento de Educación de Puerto Rico (DE), asegura que no hubo ninguna subasta formal en 2009 en esa agencia, por lo menos hasta su despido en noviembre de ese año.

Bonilla fue director de la Oficina de Asuntos Federales y director de la Oficina Reguladora de Compras a nivel central del DE durante los gobiernos de Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá.

“Con la Ley 7, esta administración creó una emergencia para evitar llevar los contratos a subasta”, sostuvo Bonilla, quien dijo que fue relevado de sus funciones como responsable de Compras en febrero de 2009 y despedido nueve meses después, como parte de las acciones del gobernador Luis Fortuño de bajar la nómina gubernamental y cesar a miles de empleados públicos, con el fin de reducir el déficit fiscal del Gobierno de Puerto Rico.

Según Bonilla, durante el 2009 en Educación “se hicieron compras millonarias que debieron haber ido a subasta, que ellos sabían que yo no iba a aprobar”.

Documentos obtenidos por El Nuevo Día revelan una práctica constante de referido de iniciativas privadas que -según fuentes de esa dependencia- contradecían los acuerdos administrativos del DE con el Departamento de Educación de Estados Unidos que requieren un procedimiento competitivo para la contratación de servicios profesionales y talleres especializados.

Pero, esos procesos -algunos de lo cuales han sido denunciados ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación federal, según fuentes- son independientes a los procedimientos de compras que puede realizar el DE.

Un análisis interno de la Unidad de Adjudicación de Fondos de la Oficina de Asuntos Federales del DE realizado en octubre de 2009 determinó que la selección de servicios profesionales no se hacía adecuadamente en ese departamento.

Según el informe, el 55% de los planes de trabajo vinculados a la contratación de servicios profesionales fueron sometidos fuera de la fecha límite, el 38% estaban incompletos y el 14% fueron aprobados a pesar de recomendarse que fueran rechazados.