FONDOS FEDERALES en peligro

Ultimátum a Educación

Le preocupan al Gobierno federal los efectos de la Ley 7
Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com

WASHINGTON - En una nueva comunicación en la que reclama acciones urgentes, el Departamento de Educación federal le ha expresado al gobierno de Luis Fortuño su preocupación de que los despidos ocasionados por la Ley 7 hayan diluido la capacidad del Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) para supervisar programas que dependen de fondos federales.

Y le advierte, tanto al gobernador Luis Fortuño como a la secretaria de Educación, Odette Piñeiro, que el DE tiene hasta finales de 2010 -cuando vencen los acuerdos administrativos suscritos en diciembre de 2007- para cumplir con los requisitos que imponen los programas de Educación federal si no quieren exponerse a perder fondos federales.

“Puerto Rico y su Departamento de Educación tienen menos de un año para cumplir plenamente con todos los requisitos de los programas que le aplican, para poder continuar recibiendo fondos de esos programas federales”, indicó el director de la Oficina de Servicios de Alto Riesgo del Departamento de Educación, Phil Maestri, en una carta fechada el pasado 11 de marzo.

Puerto Rico recibe cerca de $1,400 millones anuales en fondos federales para educación.

La sentencia final sería al terminar 2010.

Pero, e n la carta -copia que Educación federal entregó a El Nuevo Día- Maestri le reclama acciones inmediatas, en algunos casos, antes de que cierre el mes.

Por ejemplo, Educación de Puerto Rico tiene que explicar, a más tardar el 31 de marzo, cómo podrá lidiar con la falta de supervisión de los contratos de empresas que rinden servicios de Título I en escuelas privadas.

El funcionario federal advirtió, a su vez, que el DE -al cual el Gobernador colocó en una especie de sindicatura local- no le sometió en febrero, como había prometido, la información sobre la estructura administrativa que supervisará el uso de los fondos del programa Título I, por el cual Puerto Rico recibe sobre $500 millones anuales y que está destinado a las escuelas con estudiantes de escasos recursos económicos.

Educación especial

Por medio de Maestri, Educación federal expresó concretamente intranquilidad con el efecto de la Ley 7 en los programas de supervisión de Educación Especial.

“La Oficina de Servicios de Programas Educativos (OSEP, por sus siglas en inglés) está extremadamente preocupada por la inhabilidad del Departamento de Educación de Puerto Rico en lograr progresos” en su oficina de servicios de Educación Especial, agregó.

En ese sentido, le reclamó al DE que para el 30 de abril le actualice cómo marcha la contratación de nuevo personal cualificado en la Oficina de Servicios de Educación Especial, que ha perdido sobre 40 empleados.

Antes de que culmine marzo, sin embargo, Educación federal quiere conocer también el plan del DE para llenar adecuadamente los puestos de personas encargadas de comprar equipo y suministros en los Centros de Servicios de Educación Especial.

Maestri también llamó la atención, entre otras cosas, al hecho de que en programas como el de Educación para Adultos y Analfabetismo, el Gobierno de Puerto Rico pague salarios de empleados con cuentas federales equivocadas.

“El Departamento de Educación de Puerto Rico debe corregir esta situación inmediatamente”, precisó.

La carta de Maestri es la más reciente advertencia que el Departamento de Educación federal le hace al gobierno de Luis Fortuño.

Respuesta a los cambios

Y es la primera carta en que se le hacen señalamientos a Educación de Puerto Rico desde que un grupo de trabajo de Educación federal estuvo en San Juan en enero pasado.

En diciembre de 2009, el gobierno de Fortuño ya tuvo que responder a otra amonestación que le envío Maestri en agosto pasado, cuando advirtió que el incumplimiento con los acuerdos de 2007 pudieran colocar otra vez a Educación de Puerto Rico en el listado de jurisdicciones de alto riesgo.

Esta vez, Maestri no hace referencia a una sanción a corto plazo. Cuándo estuvo en San Juan en enero, el consejero legal de Educación federal, Charles Rose, señaló que colocar a Educación de Puerto Rico nuevamente en el listado de jurisdicciones de alto riesgo en el manejo de fondos federales no era un asunto que estuviera sobre la mesa.

Si Puerto Rico regresara al listado de jurisdicciones de alto riesgo -como sucedió tras la era de corrupción de Víctor Fajardo-, se restringiría su acceso a fondos federales de educación.

Para una fuente cercana a las conversaciones entre Educación federal y Educación de Puerto Rico, esta vez Maestri puede haber reconocido que en cuestión de nueve meses vencen los acuerdos de 2007 y que para entonces se habrá tomado cualquier determinación a largo plazo.

La carta de marzo es, no obstante, la primera amonestación formal que se le hace al DE desde que Piñeiro asumió la dirección de ese departamento, en sustitución de Carlos Chardón.

En una referencia a la nueva estructura local establecida en San Juan para velar por el funcionamiento administrativo del DE, el director de la Oficina de Servicios de Alto Riesgo reconoció que el gobernador Fortuño y la secretaria Piñeiro “han tomado varias acciones recientes para proveerle apoyo fiscal, administrativo y programático” al sistema educativo boricua.

Maestri sostuvo que el Gobierno de Puerto Rico debe reconocer la necesidad de “coordinar” y “cooperar” unos con otros para mejorar la administración de su sistema educativo.

Carta de Educación federal

Enviada el 11 de marzo pasado

Expresa una creciente preocupación sobre el efecto de los despidos y de la Ley 7 en la administración del sistema educativo local.

Advierte que el DE falló en someter -en febrero- evidencia sobre la estructura administrativa que velaría por los fondos Título I.

Pide acción inmediata sobre el proceso de supervisión de las empresas que rinden servicios de Título I en las escuelas privadas.

Llama la atención sobre la “inhabilidad” del DE para lograr progresos en la administración de los programas de educación especial.

Hace claro que el tiempo corre en contra del Gobierno local, que tiene que cumplir antes de que termine 2010 con todos los acuerdos suscritos en diciembre de 2007.

situaciones con el departamento de educación

FEBRERO 2002 - El ex secretario de Educación, Victor Fajardo, es convicto en el Tribunal Federal de San Juan por cargos de extorsión, lavado de dinero y apropiación de unos $2.9 millones en fondos federales para la educación.

MAYO 2002 - Educación federal coloca a la Isla en el listado de dependencias de “alto riesgo” en la administración de sus fondos federales.

OCTUBRE 2004 - Sacan a Puerto Rico del listado de dependencias de alto riesgo, tras la firma de un acuerdo de cumplimiento bajo la gobernación de Sila Calderón, quien exclamó que era el fin de una era en la que la Isla se convirtió en la “corona del reino de la corrupción”.

DICIEMBRE 2007 - Bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá se firma otro acuerdo de cumplimiento enmarcado en los programas educativos.

JULIO 2009 - Educación federal le advierte al DE que está retrasado en el cumplimiento de algunas asignaturas del acuerdo de diciembre de 2007 y le otorga de plazo hasta diciembre próximo, pero a su vez le elogia la continuidad que le ha dado a los trabajos administrativos.

AGOSTO 2009 - Dura advertencia sobre el nefasto efecto de desplazar personal administrativo hacia las escuelas, en términos del cumplimiento con el acuerdo de diciembre de 2007. Amenazan con incluir al DE en el listado de dependencias de alto riesgo.

DICIEMBRE 2009 - El Gobierno responde a los señalamientos federales y explica que ha creado una nueva estructura administrativa que involucra al Banco Gubernamental de Fomento, Hacienda y la Oficina de Presupuesto y Gerencia en la supervisión del uso de los fondos federales para educación.

ENERO 2010 - Una misión evaluadora del Departamento de Educación federal viaja a San Juan para examinar personalmente que el DE cumpla con los acuerdos de diciembre de 2007.

MARZO 2010 - En una nueva carta -del 11 de marzo-, los federales le reclaman nuevas acciones al DE.