Altas las metas en Educación
Piñeiro enfrenta las nuevas advertencias de la agencia federal
por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com
WASHINGTON - La secretaria de Educación, Odette Piñeiro, aspira a que el sistema educativo de Puerto Rico incorpore gradualmente las metas federales de aprovechamiento académico que vuelven a estar bajo revisión en Estados Unidos.
Junto a los nuevos cambios que impulsará el presidente Barack Obama en el sistema de educación federal, la Asociación de Gobernadores de Estados Unidos desarrolla una serie de metas en torno al desempeño académico, por materias, que debe tener un estudiante desde el ‘kindergarten’ hasta el cuarto año de escuela secundaria.
El Gobierno de Puerto Rico se ha vinculado con ese esfuerzo -al igual que 48 de los 50 estados-, que incluye promover que a los estudiantes que aprenden inglés se les exija, poco a poco, las mismas normas de aprovechamiento que a los que ya dominan ese idioma.
“Quiero que mejoremos la ejecución local por medio de nuestros estándares y que gradualmente los aumentemos para que tengamos competitividad mundial y nacional (a nivel de Estados Unidos)”, indicó Piñeiro, en una entrevista en la que habló tanto en inglés como en español, en ocasiones utilizando ambos idiomas dentro de una misma oración.
Las normas de desempeño académico que establece la Asociación de Gobernadores se encuentran ahora en la etapa de comentarios públicos (www.corestandards.org). Pero, deben estar finalizadas durante esta primavera.
Obama, por su parte, refirió la semana pasada al Congreso un plan destinado a hacerle cambios al estatuto federal de educación elemental y secundaria, que a partir de la reforma de 2002 -bajo la presidencia de George W. Bush- se ha conocido como la ley “Que Ningún Niño Quede Rezagado”.
El plan de Obama propone que para medir el desempeño académico de los estudiantes se mantengan los exámenes anuales de matemáticas y comprensión de lectura, pero que se tomen en cuenta otras materias.
Piñeiro sostuvo que las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico ya miden otras áreas, como ciencias e historia. Las más recientes, suministradas en abril de 2009, sin embargo, reflejaron una baja preocupante en el aprovechamiento académico en español, matemáticas e inglés.
Hasta que la propuesta de Obama no se transforme en un proyecto de ley, no se conocerá cómo la legislación impactará directamente a la Isla.
Pero, Obama ha indicado que una de sus iniciativas irá dirigida a establecer normas de aprovechamiento académico que permitan más a premiar a las escuelas que logran un buen desempeño que a castigar a las que fracasan.
Sólo las escuelas que caigan en el 10% más bajo se enfrentarán a sanciones inmediatas. Por ejemplo, las que estén en el 5% deberán sustituir la mitad de su personal.
Las escuelas de mejor rendimiento podrán tener acceso a más recursos económicos. “Hacia eso irá el acceso a fondos adicionales”, reconoció la secretaria Piñeiro, quien en este momento tiene que hacerle frente a las nuevas advertencias que le ha hecho este mismo mes el Departamento de Educación de Estados Unidos en torno a la administración de los programas que dependen de fondos federales.
“Tenemos que tener un sistema en el que se evalúe tanto al director como al maestro. Y que incluya entre los criterios de evaluación el aprovechamiento académico de los estudiantes. Vamos a poder competir por las asignaciones que se establezcan, pero tenemos que tomar decisiones sin que no las impongan”, agregó Piñeiro.
martes, 23 de marzo de 2010
Las Bellas Artes en peligro de quedar en el limbo
En defensa de las Bellas Artes en el Departamento de Educación
Vídeo: Maestros defienden las Bellas Artes, Nuevo dictamen reduce el tiempo de enseñanza. Vídeo Por Liz Sandra Santiago / lsrivera@elnuevodia.com
Ivonne Arriaga Colón y Richie Delgado Ortega llevan 13 años laborando como maestros de Bellas Artes del Departamento de Educación (DE). Durante este tiempo han tenido que batallar con traslados, falta de materiales y moverse de salón en salón para poder ofrecerle una educación adecuada a sus estudiantes.
Ahora, al igual que ellos los 2,278 que pertenecen a ese mismo programa enfrentan el temor de ser cesanteados como parte de los estragos que podrían causar las nuevas directrices del DE en el que se reduce el tiempo de enseñanza de esta materia.
Los maestros hicieron referencia a la nueva Carta Circular #9-2009-2010, que fue enviada el 10 de marzo y no había sido divulgada hasta ayer. El documento no determina la cantidad de tiempo en que se ofrecerán las materias de Salud y Bellas Artes en el nivel elemental y agrega que “de existir los recursos, se trabajará en equipo; de no ser así, se ofrecerá de forma integrada”.
Mientras que en los niveles intermedio y superior se reducirá a medio crédito. Actualmente, se ofrecen 50 minutos diarios de Bellas Artes durante un año académico en el nivel intermedio y otro año en el superior.
¿Piensa que el Departamento de Educación debe eliminar las clases de Bellas Artes en la escuela elemental?
El grupo catalogó la directriz de Odette Piñeiro, secretaria de Educación, como una que “le asesta el golpe de muerte a las Bellas Artes en el sistema educativo puertorriqueño”. Además, hizo sentir su preocupación por el fuerte impacto que esta nueva directriz tendrá en el desarrollo cultural de los estudiantes, muchos de ellos de un nivel socioeconómico bajo, quienes dependen de la escuela para relacionarse con el arte.
“Cualquier buen educador sabe que las Bellas Artes constituyen parte esencial del desarrollo integral del ser humano. Además de desarrollar la sensibilidad hacia el mundo que nos rodea, también sirven como poderosa herramienta en el desarrollo de todas las asignaturas”, señalaron.
Por su parte, la portavoz del grupo Educamos, de la Federación de Maestros, Eva Ayala, dijo no entender el propósito detrás de esta reducción de esfuerzos y recursos en esta área del currículo.
Mientras que Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros, repudió el contenido de la carta y comentó que está solicitando a la Secretaria de Educación que la revise y que se retracte.
La portavoz de prensa del DE, Zaima Negrón, no atendió la petición de una reacción de la Secretaria con relación a este asunto.
El grupo Educamos alega que esta acción refleja una falta de sensibilidad de la Secretaria, quien a su entender ha utilizado la ley “No Child Left Behind” -que establece que los cursos de cursos de Bellas Artes son medulares para el desarrollo de los niños- como una justificación para federalizar la educación puertorriqueña y eliminar las plazas de miles de maestros.
“Es lamentable que ella (Piñeiro) haya permitido este desmantelamiento por supuestamente economizarse unas plazas. Aquí se estarían economizando unas plazas pero sacrificando la educación de nuestros niños, principalmente a nivel elemental. Soy maestra de primer grado y me parece que es una atrocidad lo que se está cometiendo, que nosotros los maestros de nivel elemental seamos los que corramos con el programa de Bellas Artes porque esto iría en contra de las certificaciones de los maestros. Ellos son los que tienen el peritaje y las destrezas para atender a nuestros estudiantes”, añadió Ayala.
El grupo no descarta la posibilidad de llegar a los tribunales en su lucha por defender las plazas de trabajo. Delgado Ortega señaló que esa primera conferencia de prensa fue la primera de varias acciones que estarán tomando para defender el programa. Piensan recurrir a hacer un llamado al Departamento de Educación Federal y al Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi.
Vídeo: Maestros defienden las Bellas Artes, Nuevo dictamen reduce el tiempo de enseñanza. Vídeo Por Liz Sandra Santiago / lsrivera@elnuevodia.com
Ivonne Arriaga Colón y Richie Delgado Ortega llevan 13 años laborando como maestros de Bellas Artes del Departamento de Educación (DE). Durante este tiempo han tenido que batallar con traslados, falta de materiales y moverse de salón en salón para poder ofrecerle una educación adecuada a sus estudiantes.
Ahora, al igual que ellos los 2,278 que pertenecen a ese mismo programa enfrentan el temor de ser cesanteados como parte de los estragos que podrían causar las nuevas directrices del DE en el que se reduce el tiempo de enseñanza de esta materia.
Los maestros hicieron referencia a la nueva Carta Circular #9-2009-2010, que fue enviada el 10 de marzo y no había sido divulgada hasta ayer. El documento no determina la cantidad de tiempo en que se ofrecerán las materias de Salud y Bellas Artes en el nivel elemental y agrega que “de existir los recursos, se trabajará en equipo; de no ser así, se ofrecerá de forma integrada”.
Mientras que en los niveles intermedio y superior se reducirá a medio crédito. Actualmente, se ofrecen 50 minutos diarios de Bellas Artes durante un año académico en el nivel intermedio y otro año en el superior.
¿Piensa que el Departamento de Educación debe eliminar las clases de Bellas Artes en la escuela elemental?
El grupo catalogó la directriz de Odette Piñeiro, secretaria de Educación, como una que “le asesta el golpe de muerte a las Bellas Artes en el sistema educativo puertorriqueño”. Además, hizo sentir su preocupación por el fuerte impacto que esta nueva directriz tendrá en el desarrollo cultural de los estudiantes, muchos de ellos de un nivel socioeconómico bajo, quienes dependen de la escuela para relacionarse con el arte.
“Cualquier buen educador sabe que las Bellas Artes constituyen parte esencial del desarrollo integral del ser humano. Además de desarrollar la sensibilidad hacia el mundo que nos rodea, también sirven como poderosa herramienta en el desarrollo de todas las asignaturas”, señalaron.
Por su parte, la portavoz del grupo Educamos, de la Federación de Maestros, Eva Ayala, dijo no entender el propósito detrás de esta reducción de esfuerzos y recursos en esta área del currículo.
Mientras que Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros, repudió el contenido de la carta y comentó que está solicitando a la Secretaria de Educación que la revise y que se retracte.
La portavoz de prensa del DE, Zaima Negrón, no atendió la petición de una reacción de la Secretaria con relación a este asunto.
El grupo Educamos alega que esta acción refleja una falta de sensibilidad de la Secretaria, quien a su entender ha utilizado la ley “No Child Left Behind” -que establece que los cursos de cursos de Bellas Artes son medulares para el desarrollo de los niños- como una justificación para federalizar la educación puertorriqueña y eliminar las plazas de miles de maestros.
“Es lamentable que ella (Piñeiro) haya permitido este desmantelamiento por supuestamente economizarse unas plazas. Aquí se estarían economizando unas plazas pero sacrificando la educación de nuestros niños, principalmente a nivel elemental. Soy maestra de primer grado y me parece que es una atrocidad lo que se está cometiendo, que nosotros los maestros de nivel elemental seamos los que corramos con el programa de Bellas Artes porque esto iría en contra de las certificaciones de los maestros. Ellos son los que tienen el peritaje y las destrezas para atender a nuestros estudiantes”, añadió Ayala.
El grupo no descarta la posibilidad de llegar a los tribunales en su lucha por defender las plazas de trabajo. Delgado Ortega señaló que esa primera conferencia de prensa fue la primera de varias acciones que estarán tomando para defender el programa. Piensan recurrir a hacer un llamado al Departamento de Educación Federal y al Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi.
lunes, 22 de marzo de 2010
ROBO DE PROPIEDAD ESCOLAR 2000-2007
Falta de control produjo hurtos en el DE
Eso dicen informes del Contralor que causaron pesquisa federal
Por Gloria Ruiz Kuilan / gruiz@elnuevodia.com
El hurto y la desaparición de propiedad y de fondos públicos en las áreas de compras y de almacén de al menos dos programas que reciben fondos federales en el Departamento de Educación (DE) son algunos de los hallazgos contenidos en tres auditorías de la Oficina del Contralor que dieron pie a la investigación federal que produjo los allanamientos del pasado 2 de marzo.
Las auditorías -emitidas en el 2008 y el 2009- cubren el período del 1 de julio de 2000 al 30 de junio de 2007 y dan cuenta del descalabro que permitió el fraude en la Oficina de Administración de la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos a la Comunidad (SASEC) y la Autoridad Escolar de Alimentos. Precisan en señalar el descontrol, la falta de supervisión y de inventario en lo que concierne a “la propiedad, las compras y el almacén de materiales”. La SASEC, explica el informe, es una de siete secretarías auxiliares del DE.
El día de los allanamientos, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Luis Fraticelli, reveló que la investigación en curso comenzó hace “más de un año”, a raíz de los informes del Contralor. Ese día sus agentes y de la Oficina del Inspector General allanaron oficinas del DE y cuatro negocios de San Juan y Bayamón. Al menos uno de esos negocios se dedica a la venta de suministros y equipo de oficina y el otro a la instalación y consultoría de programas de computadoras. Expedientes de estas empresas ocupados en el área de compras del DE están en manos de los federales, dijeron tres empleados de la agencia entrevistados.
“No son compañías millonarias sino que picotean algo todos los días. Ellos (los federales) jamaquearon el árbol a ver qué cae después de las auditorías. Esto es como un monstruo de siete cabezas”, dijo un informante del DE.
En el DE se allanó la Oficina de Asuntos Federales, el área de alimentos, archivos inactivos y el centro de cómputos y compras, dijo la secretaria, Odette Piñeiro.
Durante el operativo, los agentes entrevistaron a los empleados por separado pidiéndoles información sobre compras, pagos y proveedores, dijo un empleado del DE que pidió no ser identificado. “En compras entrevistaron a todos. No dejaron que nadie usara las máquinas y el programa Equitable (dedicado a administrar fondos federales para escuelas privadas) lo buscaron bien”, dijo el informante.
Tierra de nadie
Las auditorías del Contralor se centran en SASEC, que sólo entre el 2003 al 2007 recibió $225,749,697 en fondos federales. Otra auditoría apuntó a la Autoridad Escolar de Alimentos, donde se detectaron las mismas irregularidades. Una auditoría más será divulgada este año, adelantó el contralor Manuel Díaz Saldaña.
Estos informes señalan que en SASEC había empleados que fungían al mismo tiempo como comprador y receptor de bienes y servicios. Según la Oficina del Contralor, en los años fiscales 2000-01 al 2006-07, la SASEC emitió 2,294 órdenes de compra por $61.3 millones para la adquisición de bienes y servicios no personales.
Uno de los informes de auditoría señala que en ninguna de una muestra de 33 órdenes de compra se encontró evidencia de la transacción. “Para las 33 órdenes de compra, las facturas enviadas por los proveedores no estaban certificadas por un funcionario autorizado”, añade. Detalla además que en el almacén, “cuando algún empleado necesitaba algún material tomaba la llave de dicho almacén e iba y recogía los materiales. Luego devolvía la llave. No se realizaban inventarios físicos periódicos ni anuales”.
Igualmente, se da cuenta de un empleado que “era responsable de la custodia, el control y la cantidad de la propiedad asignada a la SASEC y a las oficinas regionales”, pero no tenía registro alguno ni investigación de los hurtos o desapariciones ocurridos allí y en las oficinas regionales. Tampoco tenía inventario de la propiedad adquirida, transferida o disponible. Ni había recibos de los empleados con equipo del erario.
Esto se repetía en la Autoridad de Alimentos, adscrita a la Oficina del Secretario, que obtuvo casi $497 millones en fondos federales del 2003 al 2007. Allí también el registro de la propiedad era manual, lo que propiciaba errores y falta de controles. Hasta 49 empleados podían acceder al Módulo de Equipo para registrar órdenes de compra y “no se le requería al personal que cesaba funciones que entregara propiedad bajo su custodia”. En esta dependencia desapareció -el 7 de mayo de 2007- equipo valorado en $8,886 -que incluía computadoras, cámara, televisor y vídeo, indica el informe.
“A la fecha de nuestra auditoría -19 de octubre de 2007- no se había realizado la investigación administrativa”, ni se notificó a las agencias correspondientes, precisa.
“Estas situaciones propician la desaparición y el uso indebido de la propiedad, y otras situaciones adversas sin que se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades”, es la frase constante en los informes.
Eso dicen informes del Contralor que causaron pesquisa federal
Por Gloria Ruiz Kuilan / gruiz@elnuevodia.com
El hurto y la desaparición de propiedad y de fondos públicos en las áreas de compras y de almacén de al menos dos programas que reciben fondos federales en el Departamento de Educación (DE) son algunos de los hallazgos contenidos en tres auditorías de la Oficina del Contralor que dieron pie a la investigación federal que produjo los allanamientos del pasado 2 de marzo.
Las auditorías -emitidas en el 2008 y el 2009- cubren el período del 1 de julio de 2000 al 30 de junio de 2007 y dan cuenta del descalabro que permitió el fraude en la Oficina de Administración de la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos a la Comunidad (SASEC) y la Autoridad Escolar de Alimentos. Precisan en señalar el descontrol, la falta de supervisión y de inventario en lo que concierne a “la propiedad, las compras y el almacén de materiales”. La SASEC, explica el informe, es una de siete secretarías auxiliares del DE.
El día de los allanamientos, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Luis Fraticelli, reveló que la investigación en curso comenzó hace “más de un año”, a raíz de los informes del Contralor. Ese día sus agentes y de la Oficina del Inspector General allanaron oficinas del DE y cuatro negocios de San Juan y Bayamón. Al menos uno de esos negocios se dedica a la venta de suministros y equipo de oficina y el otro a la instalación y consultoría de programas de computadoras. Expedientes de estas empresas ocupados en el área de compras del DE están en manos de los federales, dijeron tres empleados de la agencia entrevistados.
“No son compañías millonarias sino que picotean algo todos los días. Ellos (los federales) jamaquearon el árbol a ver qué cae después de las auditorías. Esto es como un monstruo de siete cabezas”, dijo un informante del DE.
En el DE se allanó la Oficina de Asuntos Federales, el área de alimentos, archivos inactivos y el centro de cómputos y compras, dijo la secretaria, Odette Piñeiro.
Durante el operativo, los agentes entrevistaron a los empleados por separado pidiéndoles información sobre compras, pagos y proveedores, dijo un empleado del DE que pidió no ser identificado. “En compras entrevistaron a todos. No dejaron que nadie usara las máquinas y el programa Equitable (dedicado a administrar fondos federales para escuelas privadas) lo buscaron bien”, dijo el informante.
Tierra de nadie
Las auditorías del Contralor se centran en SASEC, que sólo entre el 2003 al 2007 recibió $225,749,697 en fondos federales. Otra auditoría apuntó a la Autoridad Escolar de Alimentos, donde se detectaron las mismas irregularidades. Una auditoría más será divulgada este año, adelantó el contralor Manuel Díaz Saldaña.
Estos informes señalan que en SASEC había empleados que fungían al mismo tiempo como comprador y receptor de bienes y servicios. Según la Oficina del Contralor, en los años fiscales 2000-01 al 2006-07, la SASEC emitió 2,294 órdenes de compra por $61.3 millones para la adquisición de bienes y servicios no personales.
Uno de los informes de auditoría señala que en ninguna de una muestra de 33 órdenes de compra se encontró evidencia de la transacción. “Para las 33 órdenes de compra, las facturas enviadas por los proveedores no estaban certificadas por un funcionario autorizado”, añade. Detalla además que en el almacén, “cuando algún empleado necesitaba algún material tomaba la llave de dicho almacén e iba y recogía los materiales. Luego devolvía la llave. No se realizaban inventarios físicos periódicos ni anuales”.
Igualmente, se da cuenta de un empleado que “era responsable de la custodia, el control y la cantidad de la propiedad asignada a la SASEC y a las oficinas regionales”, pero no tenía registro alguno ni investigación de los hurtos o desapariciones ocurridos allí y en las oficinas regionales. Tampoco tenía inventario de la propiedad adquirida, transferida o disponible. Ni había recibos de los empleados con equipo del erario.
Esto se repetía en la Autoridad de Alimentos, adscrita a la Oficina del Secretario, que obtuvo casi $497 millones en fondos federales del 2003 al 2007. Allí también el registro de la propiedad era manual, lo que propiciaba errores y falta de controles. Hasta 49 empleados podían acceder al Módulo de Equipo para registrar órdenes de compra y “no se le requería al personal que cesaba funciones que entregara propiedad bajo su custodia”. En esta dependencia desapareció -el 7 de mayo de 2007- equipo valorado en $8,886 -que incluía computadoras, cámara, televisor y vídeo, indica el informe.
“A la fecha de nuestra auditoría -19 de octubre de 2007- no se había realizado la investigación administrativa”, ni se notificó a las agencias correspondientes, precisa.
“Estas situaciones propician la desaparición y el uso indebido de la propiedad, y otras situaciones adversas sin que se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades”, es la frase constante en los informes.
sábado, 20 de marzo de 2010
FONDOS FEDERALES en peligro
Ultimátum a Educación
Le preocupan al Gobierno federal los efectos de la Ley 7
Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com
WASHINGTON - En una nueva comunicación en la que reclama acciones urgentes, el Departamento de Educación federal le ha expresado al gobierno de Luis Fortuño su preocupación de que los despidos ocasionados por la Ley 7 hayan diluido la capacidad del Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) para supervisar programas que dependen de fondos federales.
Y le advierte, tanto al gobernador Luis Fortuño como a la secretaria de Educación, Odette Piñeiro, que el DE tiene hasta finales de 2010 -cuando vencen los acuerdos administrativos suscritos en diciembre de 2007- para cumplir con los requisitos que imponen los programas de Educación federal si no quieren exponerse a perder fondos federales.
“Puerto Rico y su Departamento de Educación tienen menos de un año para cumplir plenamente con todos los requisitos de los programas que le aplican, para poder continuar recibiendo fondos de esos programas federales”, indicó el director de la Oficina de Servicios de Alto Riesgo del Departamento de Educación, Phil Maestri, en una carta fechada el pasado 11 de marzo.
Puerto Rico recibe cerca de $1,400 millones anuales en fondos federales para educación.
La sentencia final sería al terminar 2010.
Pero, e n la carta -copia que Educación federal entregó a El Nuevo Día- Maestri le reclama acciones inmediatas, en algunos casos, antes de que cierre el mes.
Por ejemplo, Educación de Puerto Rico tiene que explicar, a más tardar el 31 de marzo, cómo podrá lidiar con la falta de supervisión de los contratos de empresas que rinden servicios de Título I en escuelas privadas.
El funcionario federal advirtió, a su vez, que el DE -al cual el Gobernador colocó en una especie de sindicatura local- no le sometió en febrero, como había prometido, la información sobre la estructura administrativa que supervisará el uso de los fondos del programa Título I, por el cual Puerto Rico recibe sobre $500 millones anuales y que está destinado a las escuelas con estudiantes de escasos recursos económicos.
Educación especial
Por medio de Maestri, Educación federal expresó concretamente intranquilidad con el efecto de la Ley 7 en los programas de supervisión de Educación Especial.
“La Oficina de Servicios de Programas Educativos (OSEP, por sus siglas en inglés) está extremadamente preocupada por la inhabilidad del Departamento de Educación de Puerto Rico en lograr progresos” en su oficina de servicios de Educación Especial, agregó.
En ese sentido, le reclamó al DE que para el 30 de abril le actualice cómo marcha la contratación de nuevo personal cualificado en la Oficina de Servicios de Educación Especial, que ha perdido sobre 40 empleados.
Antes de que culmine marzo, sin embargo, Educación federal quiere conocer también el plan del DE para llenar adecuadamente los puestos de personas encargadas de comprar equipo y suministros en los Centros de Servicios de Educación Especial.
Maestri también llamó la atención, entre otras cosas, al hecho de que en programas como el de Educación para Adultos y Analfabetismo, el Gobierno de Puerto Rico pague salarios de empleados con cuentas federales equivocadas.
“El Departamento de Educación de Puerto Rico debe corregir esta situación inmediatamente”, precisó.
La carta de Maestri es la más reciente advertencia que el Departamento de Educación federal le hace al gobierno de Luis Fortuño.
Respuesta a los cambios
Y es la primera carta en que se le hacen señalamientos a Educación de Puerto Rico desde que un grupo de trabajo de Educación federal estuvo en San Juan en enero pasado.
En diciembre de 2009, el gobierno de Fortuño ya tuvo que responder a otra amonestación que le envío Maestri en agosto pasado, cuando advirtió que el incumplimiento con los acuerdos de 2007 pudieran colocar otra vez a Educación de Puerto Rico en el listado de jurisdicciones de alto riesgo.
Esta vez, Maestri no hace referencia a una sanción a corto plazo. Cuándo estuvo en San Juan en enero, el consejero legal de Educación federal, Charles Rose, señaló que colocar a Educación de Puerto Rico nuevamente en el listado de jurisdicciones de alto riesgo en el manejo de fondos federales no era un asunto que estuviera sobre la mesa.
Si Puerto Rico regresara al listado de jurisdicciones de alto riesgo -como sucedió tras la era de corrupción de Víctor Fajardo-, se restringiría su acceso a fondos federales de educación.
Para una fuente cercana a las conversaciones entre Educación federal y Educación de Puerto Rico, esta vez Maestri puede haber reconocido que en cuestión de nueve meses vencen los acuerdos de 2007 y que para entonces se habrá tomado cualquier determinación a largo plazo.
La carta de marzo es, no obstante, la primera amonestación formal que se le hace al DE desde que Piñeiro asumió la dirección de ese departamento, en sustitución de Carlos Chardón.
En una referencia a la nueva estructura local establecida en San Juan para velar por el funcionamiento administrativo del DE, el director de la Oficina de Servicios de Alto Riesgo reconoció que el gobernador Fortuño y la secretaria Piñeiro “han tomado varias acciones recientes para proveerle apoyo fiscal, administrativo y programático” al sistema educativo boricua.
Maestri sostuvo que el Gobierno de Puerto Rico debe reconocer la necesidad de “coordinar” y “cooperar” unos con otros para mejorar la administración de su sistema educativo.
Carta de Educación federal
Enviada el 11 de marzo pasado
Expresa una creciente preocupación sobre el efecto de los despidos y de la Ley 7 en la administración del sistema educativo local.
Advierte que el DE falló en someter -en febrero- evidencia sobre la estructura administrativa que velaría por los fondos Título I.
Pide acción inmediata sobre el proceso de supervisión de las empresas que rinden servicios de Título I en las escuelas privadas.
Llama la atención sobre la “inhabilidad” del DE para lograr progresos en la administración de los programas de educación especial.
Hace claro que el tiempo corre en contra del Gobierno local, que tiene que cumplir antes de que termine 2010 con todos los acuerdos suscritos en diciembre de 2007.
situaciones con el departamento de educación
FEBRERO 2002 - El ex secretario de Educación, Victor Fajardo, es convicto en el Tribunal Federal de San Juan por cargos de extorsión, lavado de dinero y apropiación de unos $2.9 millones en fondos federales para la educación.
MAYO 2002 - Educación federal coloca a la Isla en el listado de dependencias de “alto riesgo” en la administración de sus fondos federales.
OCTUBRE 2004 - Sacan a Puerto Rico del listado de dependencias de alto riesgo, tras la firma de un acuerdo de cumplimiento bajo la gobernación de Sila Calderón, quien exclamó que era el fin de una era en la que la Isla se convirtió en la “corona del reino de la corrupción”.
DICIEMBRE 2007 - Bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá se firma otro acuerdo de cumplimiento enmarcado en los programas educativos.
JULIO 2009 - Educación federal le advierte al DE que está retrasado en el cumplimiento de algunas asignaturas del acuerdo de diciembre de 2007 y le otorga de plazo hasta diciembre próximo, pero a su vez le elogia la continuidad que le ha dado a los trabajos administrativos.
AGOSTO 2009 - Dura advertencia sobre el nefasto efecto de desplazar personal administrativo hacia las escuelas, en términos del cumplimiento con el acuerdo de diciembre de 2007. Amenazan con incluir al DE en el listado de dependencias de alto riesgo.
DICIEMBRE 2009 - El Gobierno responde a los señalamientos federales y explica que ha creado una nueva estructura administrativa que involucra al Banco Gubernamental de Fomento, Hacienda y la Oficina de Presupuesto y Gerencia en la supervisión del uso de los fondos federales para educación.
ENERO 2010 - Una misión evaluadora del Departamento de Educación federal viaja a San Juan para examinar personalmente que el DE cumpla con los acuerdos de diciembre de 2007.
MARZO 2010 - En una nueva carta -del 11 de marzo-, los federales le reclaman nuevas acciones al DE.
Le preocupan al Gobierno federal los efectos de la Ley 7
Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com
WASHINGTON - En una nueva comunicación en la que reclama acciones urgentes, el Departamento de Educación federal le ha expresado al gobierno de Luis Fortuño su preocupación de que los despidos ocasionados por la Ley 7 hayan diluido la capacidad del Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) para supervisar programas que dependen de fondos federales.
Y le advierte, tanto al gobernador Luis Fortuño como a la secretaria de Educación, Odette Piñeiro, que el DE tiene hasta finales de 2010 -cuando vencen los acuerdos administrativos suscritos en diciembre de 2007- para cumplir con los requisitos que imponen los programas de Educación federal si no quieren exponerse a perder fondos federales.
“Puerto Rico y su Departamento de Educación tienen menos de un año para cumplir plenamente con todos los requisitos de los programas que le aplican, para poder continuar recibiendo fondos de esos programas federales”, indicó el director de la Oficina de Servicios de Alto Riesgo del Departamento de Educación, Phil Maestri, en una carta fechada el pasado 11 de marzo.
Puerto Rico recibe cerca de $1,400 millones anuales en fondos federales para educación.
La sentencia final sería al terminar 2010.
Pero, e n la carta -copia que Educación federal entregó a El Nuevo Día- Maestri le reclama acciones inmediatas, en algunos casos, antes de que cierre el mes.
Por ejemplo, Educación de Puerto Rico tiene que explicar, a más tardar el 31 de marzo, cómo podrá lidiar con la falta de supervisión de los contratos de empresas que rinden servicios de Título I en escuelas privadas.
El funcionario federal advirtió, a su vez, que el DE -al cual el Gobernador colocó en una especie de sindicatura local- no le sometió en febrero, como había prometido, la información sobre la estructura administrativa que supervisará el uso de los fondos del programa Título I, por el cual Puerto Rico recibe sobre $500 millones anuales y que está destinado a las escuelas con estudiantes de escasos recursos económicos.
Educación especial
Por medio de Maestri, Educación federal expresó concretamente intranquilidad con el efecto de la Ley 7 en los programas de supervisión de Educación Especial.
“La Oficina de Servicios de Programas Educativos (OSEP, por sus siglas en inglés) está extremadamente preocupada por la inhabilidad del Departamento de Educación de Puerto Rico en lograr progresos” en su oficina de servicios de Educación Especial, agregó.
En ese sentido, le reclamó al DE que para el 30 de abril le actualice cómo marcha la contratación de nuevo personal cualificado en la Oficina de Servicios de Educación Especial, que ha perdido sobre 40 empleados.
Antes de que culmine marzo, sin embargo, Educación federal quiere conocer también el plan del DE para llenar adecuadamente los puestos de personas encargadas de comprar equipo y suministros en los Centros de Servicios de Educación Especial.
Maestri también llamó la atención, entre otras cosas, al hecho de que en programas como el de Educación para Adultos y Analfabetismo, el Gobierno de Puerto Rico pague salarios de empleados con cuentas federales equivocadas.
“El Departamento de Educación de Puerto Rico debe corregir esta situación inmediatamente”, precisó.
La carta de Maestri es la más reciente advertencia que el Departamento de Educación federal le hace al gobierno de Luis Fortuño.
Respuesta a los cambios
Y es la primera carta en que se le hacen señalamientos a Educación de Puerto Rico desde que un grupo de trabajo de Educación federal estuvo en San Juan en enero pasado.
En diciembre de 2009, el gobierno de Fortuño ya tuvo que responder a otra amonestación que le envío Maestri en agosto pasado, cuando advirtió que el incumplimiento con los acuerdos de 2007 pudieran colocar otra vez a Educación de Puerto Rico en el listado de jurisdicciones de alto riesgo.
Esta vez, Maestri no hace referencia a una sanción a corto plazo. Cuándo estuvo en San Juan en enero, el consejero legal de Educación federal, Charles Rose, señaló que colocar a Educación de Puerto Rico nuevamente en el listado de jurisdicciones de alto riesgo en el manejo de fondos federales no era un asunto que estuviera sobre la mesa.
Si Puerto Rico regresara al listado de jurisdicciones de alto riesgo -como sucedió tras la era de corrupción de Víctor Fajardo-, se restringiría su acceso a fondos federales de educación.
Para una fuente cercana a las conversaciones entre Educación federal y Educación de Puerto Rico, esta vez Maestri puede haber reconocido que en cuestión de nueve meses vencen los acuerdos de 2007 y que para entonces se habrá tomado cualquier determinación a largo plazo.
La carta de marzo es, no obstante, la primera amonestación formal que se le hace al DE desde que Piñeiro asumió la dirección de ese departamento, en sustitución de Carlos Chardón.
En una referencia a la nueva estructura local establecida en San Juan para velar por el funcionamiento administrativo del DE, el director de la Oficina de Servicios de Alto Riesgo reconoció que el gobernador Fortuño y la secretaria Piñeiro “han tomado varias acciones recientes para proveerle apoyo fiscal, administrativo y programático” al sistema educativo boricua.
Maestri sostuvo que el Gobierno de Puerto Rico debe reconocer la necesidad de “coordinar” y “cooperar” unos con otros para mejorar la administración de su sistema educativo.
Carta de Educación federal
Enviada el 11 de marzo pasado
Expresa una creciente preocupación sobre el efecto de los despidos y de la Ley 7 en la administración del sistema educativo local.
Advierte que el DE falló en someter -en febrero- evidencia sobre la estructura administrativa que velaría por los fondos Título I.
Pide acción inmediata sobre el proceso de supervisión de las empresas que rinden servicios de Título I en las escuelas privadas.
Llama la atención sobre la “inhabilidad” del DE para lograr progresos en la administración de los programas de educación especial.
Hace claro que el tiempo corre en contra del Gobierno local, que tiene que cumplir antes de que termine 2010 con todos los acuerdos suscritos en diciembre de 2007.
situaciones con el departamento de educación
FEBRERO 2002 - El ex secretario de Educación, Victor Fajardo, es convicto en el Tribunal Federal de San Juan por cargos de extorsión, lavado de dinero y apropiación de unos $2.9 millones en fondos federales para la educación.
MAYO 2002 - Educación federal coloca a la Isla en el listado de dependencias de “alto riesgo” en la administración de sus fondos federales.
OCTUBRE 2004 - Sacan a Puerto Rico del listado de dependencias de alto riesgo, tras la firma de un acuerdo de cumplimiento bajo la gobernación de Sila Calderón, quien exclamó que era el fin de una era en la que la Isla se convirtió en la “corona del reino de la corrupción”.
DICIEMBRE 2007 - Bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá se firma otro acuerdo de cumplimiento enmarcado en los programas educativos.
JULIO 2009 - Educación federal le advierte al DE que está retrasado en el cumplimiento de algunas asignaturas del acuerdo de diciembre de 2007 y le otorga de plazo hasta diciembre próximo, pero a su vez le elogia la continuidad que le ha dado a los trabajos administrativos.
AGOSTO 2009 - Dura advertencia sobre el nefasto efecto de desplazar personal administrativo hacia las escuelas, en términos del cumplimiento con el acuerdo de diciembre de 2007. Amenazan con incluir al DE en el listado de dependencias de alto riesgo.
DICIEMBRE 2009 - El Gobierno responde a los señalamientos federales y explica que ha creado una nueva estructura administrativa que involucra al Banco Gubernamental de Fomento, Hacienda y la Oficina de Presupuesto y Gerencia en la supervisión del uso de los fondos federales para educación.
ENERO 2010 - Una misión evaluadora del Departamento de Educación federal viaja a San Juan para examinar personalmente que el DE cumpla con los acuerdos de diciembre de 2007.
MARZO 2010 - En una nueva carta -del 11 de marzo-, los federales le reclaman nuevas acciones al DE.
viernes, 19 de marzo de 2010
Educación versus intereses políticos
Una presión más sobre la educación
18-Marzo-2010 | EDITORIAL DE EL NUEVO DÍA
La solución que pretende dar el Departamento de Educación al asunto de los días acumulados de licencia por enfermedad es prácticamente una invitación al ausentismo masivo en la etapa final del año escolar y presenta un incalculable potencial de daño al salón de clases.
De la misma forma, la exhortación que hiciera la secretaria Odette Piñeiro para que los maestros del sistema público agoten los días de enfermedad que tengan acumulados en exceso de 90 desconoce el origen y la naturaleza de los días por enfermedad y desvirtúa su propósito loable de no penalizar a los trabajadores por razón de enfermedad.
Las indicaciones están contenidas en una carta circular en la que Piñeiro, amparándose en su interpretación de las disposiciones de la Ley 7 de Emergencia Fiscal, incluso recomienda a los maestros a tomar estos días después del 30 de abril de este año. De paso, les pide que firmen un documento comprometiéndoles a no reclamar posteriormente el pago correspondiente en el caso de no utilizar los días acumulados. Algo que los grupos de maestros rechazaron de plano al señalar que la misma Ley, en su Artículo 38.02, establece que la suspensión de este pago es temporera.
Educación no ha ofrecido cifras de la cantidad de maestros que quedan de esta forma compelidos a tomar los días compensatorios. Pero de acuerdo a los cálculos de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, se trata de “una inmensa mayoría” que sobrepasa el 80% de los educadores.
Estando tan cerca el fin del semestre escolar es obligado preguntarse si en la mayoría de los planteles donde trabajan estos maestros darán por terminadas las clases por adelantado, recortando a niveles extremos el ciclo lectivo y reduciendo el acceso de los estudiantes a la enseñanza que ya de por sí presenta un problema de fondo al País.
Y es que el tiempo real de clases durante los semestres académicos en Puerto Rico es menor en comparación con otros países, debido al nivel de ausentismo que ronda el 30% entre nuestros educadores, de acuerdo con el grupo de estudio de la realidad puertorriqueña Centro para la Nueva Economía.
Quiere decir que si al año escolar promedio de 180 días que rige en Puerto Rico se le resta el 30% correspondiente al ausentismo, los estudiantes tienen apenas 126 días de clases al año. Esto es sin contar los días libres por causas como el mal tiempo, olores objetables, actividades no docentes como las fugas y otros. Resulta escandaloso cuando se toma en cuenta que de 43 países encuestados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 33 tienen ciclos escolares de sobre 180 días y algunos llegan a los 220.
En esos grupos de alto ausentismo están aquellos maestros que entienden que pierden derechos si no utilizan los días de enfermedad y entonces los agotan aunque estén bien de salud. Por esa misma razón fue que se instituyó como incentivo el pago de toda licencia por enfermedad que se acumulara en exceso de los 90 días. Es un contrasentido, y una tremenda ironía con efectos detrimentales sobre el sistema escolar, que las directrices de Educación tengan el efecto de propiciar el ausentismo.
Estas contradicciones no ayudan en nada a que nuestro sistema educativo salga del hoyo.
18-Marzo-2010 | EDITORIAL DE EL NUEVO DÍA
La solución que pretende dar el Departamento de Educación al asunto de los días acumulados de licencia por enfermedad es prácticamente una invitación al ausentismo masivo en la etapa final del año escolar y presenta un incalculable potencial de daño al salón de clases.
De la misma forma, la exhortación que hiciera la secretaria Odette Piñeiro para que los maestros del sistema público agoten los días de enfermedad que tengan acumulados en exceso de 90 desconoce el origen y la naturaleza de los días por enfermedad y desvirtúa su propósito loable de no penalizar a los trabajadores por razón de enfermedad.
Las indicaciones están contenidas en una carta circular en la que Piñeiro, amparándose en su interpretación de las disposiciones de la Ley 7 de Emergencia Fiscal, incluso recomienda a los maestros a tomar estos días después del 30 de abril de este año. De paso, les pide que firmen un documento comprometiéndoles a no reclamar posteriormente el pago correspondiente en el caso de no utilizar los días acumulados. Algo que los grupos de maestros rechazaron de plano al señalar que la misma Ley, en su Artículo 38.02, establece que la suspensión de este pago es temporera.
Educación no ha ofrecido cifras de la cantidad de maestros que quedan de esta forma compelidos a tomar los días compensatorios. Pero de acuerdo a los cálculos de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, se trata de “una inmensa mayoría” que sobrepasa el 80% de los educadores.
Estando tan cerca el fin del semestre escolar es obligado preguntarse si en la mayoría de los planteles donde trabajan estos maestros darán por terminadas las clases por adelantado, recortando a niveles extremos el ciclo lectivo y reduciendo el acceso de los estudiantes a la enseñanza que ya de por sí presenta un problema de fondo al País.
Y es que el tiempo real de clases durante los semestres académicos en Puerto Rico es menor en comparación con otros países, debido al nivel de ausentismo que ronda el 30% entre nuestros educadores, de acuerdo con el grupo de estudio de la realidad puertorriqueña Centro para la Nueva Economía.
Quiere decir que si al año escolar promedio de 180 días que rige en Puerto Rico se le resta el 30% correspondiente al ausentismo, los estudiantes tienen apenas 126 días de clases al año. Esto es sin contar los días libres por causas como el mal tiempo, olores objetables, actividades no docentes como las fugas y otros. Resulta escandaloso cuando se toma en cuenta que de 43 países encuestados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 33 tienen ciclos escolares de sobre 180 días y algunos llegan a los 220.
En esos grupos de alto ausentismo están aquellos maestros que entienden que pierden derechos si no utilizan los días de enfermedad y entonces los agotan aunque estén bien de salud. Por esa misma razón fue que se instituyó como incentivo el pago de toda licencia por enfermedad que se acumulara en exceso de los 90 días. Es un contrasentido, y una tremenda ironía con efectos detrimentales sobre el sistema escolar, que las directrices de Educación tengan el efecto de propiciar el ausentismo.
Estas contradicciones no ayudan en nada a que nuestro sistema educativo salga del hoyo.
viernes, 12 de marzo de 2010
ROBO con los fondos del retiro de maestros
Pone a temblar los fondos del retiro
Varios gremios rechazan la idea del gobierno de vender la cartera de préstamos del sistema para maestros, Por: Ariel Rivera Vázquez - 11/3/10 6:23 PM
Varios gremios rechazan la idea del gobierno de vender la cartera de préstamos del sistema para maestros, Por: Ariel Rivera Vázquez - 11/3/10 6:23 PM
jueves, 11 de marzo de 2010
Ellos quieren nuestro dinero
Atentado contra el magisterio, JUAN CAMACHO,
Más allá de enmendar la ley orgánica del Sistema de Retiro para Maestros (SRM) el Proyecto del Senado 1370 tiene como propósito desmantelar y privatizar todos los haberes propiedad de los maestros.
Para facilitar dicho propósito el Proyecto faculta a vender, ceder, pignorar o traspasar la cartera de préstamos existentes, conceder al privatizador los mismos beneficios contributivos que hoy tiene el Sistema de Retiro para Maestros, fijar el procedimiento para el embargo de las aportaciones de los maestros y reducir y limitar a un 25% los recursos que se puedan invertir en préstamos a los maestros activos como pensionados.
El Sistema de Retiro nos ha servido bien, tanto como alternativa de financiamiento de hipotecas, préstamos personales, de estudios y culturales. Así también, siempre nos había proyectado la seguridad de contar con una jubilación digna e independiente. En reciprocidad a estos servicios, el magisterio ha ejercido su responsabilidad de socio pagando de manera excelente las deudas contraídas con éste.
Ahora nos enteramos que el SRM no tiene solvencia fiscal dizque porque ofrece más beneficios que los ingresos que recibe. Si esa fuera la realidad, existen alternativas viables tales como enmendar el margen prestatario, revisar los beneficios y las tasas de interés, entre otras, para resolver el supuesto déficit antes de entregar -de forma descarada- los activos a un tercero. Máxime cuando el proyecto traspasa y añade poderes al privatizador para que pueda ejecutar éstas y otras alternativas.
Entendemos que esa entrega, inconsulta y acelerada, no es un hecho aislado, sino que forma parte de la ofensiva gubernamental dirigida a entregar nuestros mejores y más productivos activos a la empresa privada. La propiedad de los maestros no ha sido la excepción. Toca entonces a nuestras organizaciones magisteriales reunirse para programar y desarrollar todas las actividades necesarias para combatir dicha ofensiva, incluyendo un paro magisterial en las próximas semanas.
Más allá de enmendar la ley orgánica del Sistema de Retiro para Maestros (SRM) el Proyecto del Senado 1370 tiene como propósito desmantelar y privatizar todos los haberes propiedad de los maestros.
Para facilitar dicho propósito el Proyecto faculta a vender, ceder, pignorar o traspasar la cartera de préstamos existentes, conceder al privatizador los mismos beneficios contributivos que hoy tiene el Sistema de Retiro para Maestros, fijar el procedimiento para el embargo de las aportaciones de los maestros y reducir y limitar a un 25% los recursos que se puedan invertir en préstamos a los maestros activos como pensionados.
El Sistema de Retiro nos ha servido bien, tanto como alternativa de financiamiento de hipotecas, préstamos personales, de estudios y culturales. Así también, siempre nos había proyectado la seguridad de contar con una jubilación digna e independiente. En reciprocidad a estos servicios, el magisterio ha ejercido su responsabilidad de socio pagando de manera excelente las deudas contraídas con éste.
Ahora nos enteramos que el SRM no tiene solvencia fiscal dizque porque ofrece más beneficios que los ingresos que recibe. Si esa fuera la realidad, existen alternativas viables tales como enmendar el margen prestatario, revisar los beneficios y las tasas de interés, entre otras, para resolver el supuesto déficit antes de entregar -de forma descarada- los activos a un tercero. Máxime cuando el proyecto traspasa y añade poderes al privatizador para que pueda ejecutar éstas y otras alternativas.
Entendemos que esa entrega, inconsulta y acelerada, no es un hecho aislado, sino que forma parte de la ofensiva gubernamental dirigida a entregar nuestros mejores y más productivos activos a la empresa privada. La propiedad de los maestros no ha sido la excepción. Toca entonces a nuestras organizaciones magisteriales reunirse para programar y desarrollar todas las actividades necesarias para combatir dicha ofensiva, incluyendo un paro magisterial en las próximas semanas.
Irregularidades versus corrupción en Departamento de Educación
Denuncian presuntas irregularidades en DE
Señalan a Rafael Aragunde como el gestor del esquema
Por Daniel Rivera Vargas / end.drivera2@elnuevodia.com
El presidente de la Comisión de Asuntos Federales y Asuntos del Veterano de la Cámara, Luis “Tato” León, anunció ayer que referirá próximamente a la Fiscalía federal presuntas irregularidades relacionadas con fondos bajo la ley “No Child Left Behind”.
El legislador acusó al ex secretario del Departamento de Educación (DE), Rafael Aragunde, de crear en el 2007 un monopolio para que la empresa Softek fuera la única capaz de vender en Puerto Rico unas pruebas para evaluar estudiantes con rezago académico.
León dijo que Softek vendía por $38 una prueba que se consigue por $5 en internet y que antes de 2007 era preparada por los propios proveedores de tutorías.
Además, se alega que el proveedor de tutorías era obligado a pagar por adelantado y que lo hiciera en paquetes de 25 pruebas, lo que equivale a $950.
“Muchos proveedores tuvieron que hipotecar sus casas para poder cumplir”, dijo León. “Muchos estudiantes no las pudieron tomar (las pruebas) porque los proveedores de servicio no tenían el dinero para pagar por adelantado”, agregó el representante.
Si un proveedor de tutorías se negaba a comprarle a Softek, Aragunde le quitaba el contrato, dijo León.
“Este esquema de extorsión eran subvencionado por $200 millones que recibe anualmente el DE de parte del Gobierno federal. La Comisión de Asuntos federales y Asuntos del Veterano recibió abundante información bajo juramento que señala un serio esquema de corrupción y malversación de fondos”, sostuvo León en una conferencia de prensa.
El representante indicó que los hallazgos son producto de una investigación confidencial que ha estado realizando, por lo que aún no ha citado a testificar a Aragunde o a la empresa Softek, pero que en la fase de vistas públicas serán citados a deponer.
Agregó que en las próximas semanas le enviará a la Fiscalía federal un sumario de la investigación. El representante también dijo que el lunes pasado discutió los frutos de su pesquisa con la jefa de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez.
La funcionaria se encontraba en la Casa de las Leyes para recibir un homenaje con motivo de la Semana de la Mujer. La Fiscalía federal no confirmó este encuentro.
defiende el contrato
Por su parte, el presidente de Softek, Julián Londoño, exhortó a que se lleven a cabo las investigaciones necesarias, pero negó rotundamente que su contrato con el DE fuera ilegal.
“Yo creo que el representante está mezclando una cosa con la otra y está estirando el ‘issue’”, señaló Longoño. Anadió que las autoridades federales deben investigar a los que ofrecen las tutorías.
“Esta no es una compañía que se creó el otro día para hacer un proyecto y ya, llevamos 24 años, tenemos 90 empleados, somos una empresa que hacemos las cosas de forma correcta”, manifestó.
Afirmó que su contrato permitió que el sistema público de enseñanza cumpliera con un requisito del Gobierno federal de certificar que las tutorías que paga estuvieran ayudando al menor a superar su rezago académico.
Dijo que antes de este proceso los proveedores de las tutorías ofrecían pruebas “caseras” que no evidenciaban adecuadamente si los estudiantes verdaderamente estaban mejorando.
Londoño agregó que no es cierto que se conseguían pruebas a $5, sino a $15, y que el precio de $38 era por dos pruebas y por trámite adicional en el que ellos incurren, como recogido de la prueba y evaluación.
El empresario demandó al DE porque el año pasado otorgó la subasta para suplir estas pruebas a un proveedor que le cobrará $2.4 millones, mientras que Softek procuraba hacerlo por un contrato nominal de $1. El pleito se encuentra ante el Tribunal Supremo.
Las gestiones para conseguir una reacción del DE sobre estas denuncias resultaron infructuosas.
tranquilo aragunde
El ex titular del DE, Rafael Aragunde, dio la bienvenida “a cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre las diferencias entre nuestra administración y las dos administraciones del DE en estos últimos catorce meses”.
Dijo que impuso y exigió una prueba diagnóstica uniforme para los estudiantes de escuelas en plan de mejoramiento que habrían de tomar las tutorías y que recomendó que Softek “corriera con estas pruebas al costo de un dólar para el DE, por todas las pruebas”.
Señalan a Rafael Aragunde como el gestor del esquema
Por Daniel Rivera Vargas / end.drivera2@elnuevodia.com
El presidente de la Comisión de Asuntos Federales y Asuntos del Veterano de la Cámara, Luis “Tato” León, anunció ayer que referirá próximamente a la Fiscalía federal presuntas irregularidades relacionadas con fondos bajo la ley “No Child Left Behind”.
El legislador acusó al ex secretario del Departamento de Educación (DE), Rafael Aragunde, de crear en el 2007 un monopolio para que la empresa Softek fuera la única capaz de vender en Puerto Rico unas pruebas para evaluar estudiantes con rezago académico.
León dijo que Softek vendía por $38 una prueba que se consigue por $5 en internet y que antes de 2007 era preparada por los propios proveedores de tutorías.
Además, se alega que el proveedor de tutorías era obligado a pagar por adelantado y que lo hiciera en paquetes de 25 pruebas, lo que equivale a $950.
“Muchos proveedores tuvieron que hipotecar sus casas para poder cumplir”, dijo León. “Muchos estudiantes no las pudieron tomar (las pruebas) porque los proveedores de servicio no tenían el dinero para pagar por adelantado”, agregó el representante.
Si un proveedor de tutorías se negaba a comprarle a Softek, Aragunde le quitaba el contrato, dijo León.
“Este esquema de extorsión eran subvencionado por $200 millones que recibe anualmente el DE de parte del Gobierno federal. La Comisión de Asuntos federales y Asuntos del Veterano recibió abundante información bajo juramento que señala un serio esquema de corrupción y malversación de fondos”, sostuvo León en una conferencia de prensa.
El representante indicó que los hallazgos son producto de una investigación confidencial que ha estado realizando, por lo que aún no ha citado a testificar a Aragunde o a la empresa Softek, pero que en la fase de vistas públicas serán citados a deponer.
Agregó que en las próximas semanas le enviará a la Fiscalía federal un sumario de la investigación. El representante también dijo que el lunes pasado discutió los frutos de su pesquisa con la jefa de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez.
La funcionaria se encontraba en la Casa de las Leyes para recibir un homenaje con motivo de la Semana de la Mujer. La Fiscalía federal no confirmó este encuentro.
defiende el contrato
Por su parte, el presidente de Softek, Julián Londoño, exhortó a que se lleven a cabo las investigaciones necesarias, pero negó rotundamente que su contrato con el DE fuera ilegal.
“Yo creo que el representante está mezclando una cosa con la otra y está estirando el ‘issue’”, señaló Longoño. Anadió que las autoridades federales deben investigar a los que ofrecen las tutorías.
“Esta no es una compañía que se creó el otro día para hacer un proyecto y ya, llevamos 24 años, tenemos 90 empleados, somos una empresa que hacemos las cosas de forma correcta”, manifestó.
Afirmó que su contrato permitió que el sistema público de enseñanza cumpliera con un requisito del Gobierno federal de certificar que las tutorías que paga estuvieran ayudando al menor a superar su rezago académico.
Dijo que antes de este proceso los proveedores de las tutorías ofrecían pruebas “caseras” que no evidenciaban adecuadamente si los estudiantes verdaderamente estaban mejorando.
Londoño agregó que no es cierto que se conseguían pruebas a $5, sino a $15, y que el precio de $38 era por dos pruebas y por trámite adicional en el que ellos incurren, como recogido de la prueba y evaluación.
El empresario demandó al DE porque el año pasado otorgó la subasta para suplir estas pruebas a un proveedor que le cobrará $2.4 millones, mientras que Softek procuraba hacerlo por un contrato nominal de $1. El pleito se encuentra ante el Tribunal Supremo.
Las gestiones para conseguir una reacción del DE sobre estas denuncias resultaron infructuosas.
tranquilo aragunde
El ex titular del DE, Rafael Aragunde, dio la bienvenida “a cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre las diferencias entre nuestra administración y las dos administraciones del DE en estos últimos catorce meses”.
Dijo que impuso y exigió una prueba diagnóstica uniforme para los estudiantes de escuelas en plan de mejoramiento que habrían de tomar las tutorías y que recomendó que Softek “corriera con estas pruebas al costo de un dólar para el DE, por todas las pruebas”.
domingo, 7 de marzo de 2010
La corrupción en el Gobierno de Puerto Rico
Legisla la corrupción con sus garras de poder
La sensación de impunidad facilita la podredumbre de quienes legislan
Por Alba Y. Muñiz Gracia / amuniz@elnuevodia.com
En la legislatura, la corrupción opera con su propio código. Allí, según expertos, imperan la noción de impunidad, el temor a represalias, el abuso del poder y las ansias de enriquecimiento rápido y desmedido.
El caso del ex senador Jorge de Castro Font es el más reciente de una extensa lista de procesos judiciales por malversación de fondos, soborno, extorsión y apropiación ilegal que incluyen nombres como el del ex presidente de la Cámara de Representantes, Edison Misla Aldarondo, y el ex senador Víctor “El Búho” Marrero.
El Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), el Departamento de Justicia y la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente son algunas de las agencias locales con la responsabilidad de velar por el servicio honesto de quienes laboran entre el mármol capitolino.
Pero, como ha evidenciado el proceso contra De Castro Font, el trabajo que realizan no ha logrado impedir conductas delictivas en la Casa de las Leyes.
Allí, el ex portavoz de la mayoría en el Senado cometió los delitos que desembocaron en dos casos por corrupción: uno a nivel federal, donde se declaró culpable, y otro a nivel estatal. Es este caso el que actualmente se ventila en el Centro Judicial de San Juan, donde enfrenta 182 cargos de soborno, extorsión, lavado de dinero y violaciones a la Ley Electoral y la Ley de Ética Gubernamental.
“Ellos piensan que no los van a coger porque son todopoderosos y como ellos les pueden hacer mucho daño a las personas que traten de llevar a la opinión pública la conducta desviada y malsana de ellos, siguen incurriendo en esa conducta”, explicó la ex contralor Ileana Colón Carlo.
Además del temor a represalias que puedan sentir las personas, también influye el poder económico de los protagonistas de los esquemas de corrupción. “El dinero les da el poder a esas personas para que actúen, en muchos casos, sin ninguna consecuencia ya que a muchas de estas personas se les da inmunidad, cooperan en una investigación y no hay consecuencias”, indicó, por su parte, la ex presidenta del Panel del FEI, Crisanta González.
Para el ex representante Víctor García San Inocencio, la sensación de impunidad tiene que ver con tres factores: el debilitamiento de las comisiones legislativas de ética, la laxitud del Departamento de Justicia cuando recibe referidos de personas afiliadas al partido en el poder y el sistema actual para el financiamiento de las campañas políticas.
“Mientras en Puerto Rico no se meta preso a los que participan en el esquema pagando, que siempre se presentan como víctimas, verás gente dispuesta a pagar lo que sea bajo un marco de impunidad. Tan corrupto es el que reclama dinero como quien lo da, pero si se castiga sólo al que lo solicita, la consecuencia neta es que siempre van a aparecer otros dispuestos a pagar”, explicó el profesor de derecho.
Según la ex FEI, Ana Paulina Cruz Vélez, esta laxitud podría estar anclada en el deseo de algunos funcionarios de escalar posiciones en el Gobierno y al temor a las consecuencias que pueda tener el proceso en sus empleos y reputación. Pero las personas no electas no son las únicas que guardan silencio cuando escuchan sobre un posible delito. Esa conducta parece reflejarse también entre los propios legisladores. “Es el fenómeno de la fraternidad: hoy por ti y mañana por mí. No lo acusan ni lo señalan porque dejan la puerta abierta para que si ellos, en algún momento, resbalan, que tampoco lo señalen. Tú me cubres la espalda hoy y yo a ti mañana”, dijo Colón Carlo.
El cuarteto de expertos coincidió en que entre los factores que inciden para la proliferación de los casos de corrupción están las ansias de poder, el afán de enriquecimiento y la falta de controles y supervisión. “Éso no necesariamente tiene que ser que cuando la persona llega se deslumbró. Me parece que la deshonestidad y que le falta integridad son características que debe haber poseído la persona y que sencillamente se da el momento, la circunstancia del poder que le hace pensar que sus actos no tendrán consecuencias”, expresó González.
Las acciones que cometen en el Capitolio las personas electas parecen reproducirse en la sociedad, donde el engaño, las extorsiones y los robos aumentan cada día.
“Si los que nos representan cometen actos de corrupción, ¿qué va a pensar el muchachito de 15 años que vandaliza un carro y que falta el respeto? ¿Que está en lo correcto?”, expresó Cruz Vélez.
La sensación de impunidad facilita la podredumbre de quienes legislan
Por Alba Y. Muñiz Gracia / amuniz@elnuevodia.com
En la legislatura, la corrupción opera con su propio código. Allí, según expertos, imperan la noción de impunidad, el temor a represalias, el abuso del poder y las ansias de enriquecimiento rápido y desmedido.
El caso del ex senador Jorge de Castro Font es el más reciente de una extensa lista de procesos judiciales por malversación de fondos, soborno, extorsión y apropiación ilegal que incluyen nombres como el del ex presidente de la Cámara de Representantes, Edison Misla Aldarondo, y el ex senador Víctor “El Búho” Marrero.
El Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), el Departamento de Justicia y la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente son algunas de las agencias locales con la responsabilidad de velar por el servicio honesto de quienes laboran entre el mármol capitolino.
Pero, como ha evidenciado el proceso contra De Castro Font, el trabajo que realizan no ha logrado impedir conductas delictivas en la Casa de las Leyes.
Allí, el ex portavoz de la mayoría en el Senado cometió los delitos que desembocaron en dos casos por corrupción: uno a nivel federal, donde se declaró culpable, y otro a nivel estatal. Es este caso el que actualmente se ventila en el Centro Judicial de San Juan, donde enfrenta 182 cargos de soborno, extorsión, lavado de dinero y violaciones a la Ley Electoral y la Ley de Ética Gubernamental.
“Ellos piensan que no los van a coger porque son todopoderosos y como ellos les pueden hacer mucho daño a las personas que traten de llevar a la opinión pública la conducta desviada y malsana de ellos, siguen incurriendo en esa conducta”, explicó la ex contralor Ileana Colón Carlo.
Además del temor a represalias que puedan sentir las personas, también influye el poder económico de los protagonistas de los esquemas de corrupción. “El dinero les da el poder a esas personas para que actúen, en muchos casos, sin ninguna consecuencia ya que a muchas de estas personas se les da inmunidad, cooperan en una investigación y no hay consecuencias”, indicó, por su parte, la ex presidenta del Panel del FEI, Crisanta González.
Para el ex representante Víctor García San Inocencio, la sensación de impunidad tiene que ver con tres factores: el debilitamiento de las comisiones legislativas de ética, la laxitud del Departamento de Justicia cuando recibe referidos de personas afiliadas al partido en el poder y el sistema actual para el financiamiento de las campañas políticas.
“Mientras en Puerto Rico no se meta preso a los que participan en el esquema pagando, que siempre se presentan como víctimas, verás gente dispuesta a pagar lo que sea bajo un marco de impunidad. Tan corrupto es el que reclama dinero como quien lo da, pero si se castiga sólo al que lo solicita, la consecuencia neta es que siempre van a aparecer otros dispuestos a pagar”, explicó el profesor de derecho.
Según la ex FEI, Ana Paulina Cruz Vélez, esta laxitud podría estar anclada en el deseo de algunos funcionarios de escalar posiciones en el Gobierno y al temor a las consecuencias que pueda tener el proceso en sus empleos y reputación. Pero las personas no electas no son las únicas que guardan silencio cuando escuchan sobre un posible delito. Esa conducta parece reflejarse también entre los propios legisladores. “Es el fenómeno de la fraternidad: hoy por ti y mañana por mí. No lo acusan ni lo señalan porque dejan la puerta abierta para que si ellos, en algún momento, resbalan, que tampoco lo señalen. Tú me cubres la espalda hoy y yo a ti mañana”, dijo Colón Carlo.
El cuarteto de expertos coincidió en que entre los factores que inciden para la proliferación de los casos de corrupción están las ansias de poder, el afán de enriquecimiento y la falta de controles y supervisión. “Éso no necesariamente tiene que ser que cuando la persona llega se deslumbró. Me parece que la deshonestidad y que le falta integridad son características que debe haber poseído la persona y que sencillamente se da el momento, la circunstancia del poder que le hace pensar que sus actos no tendrán consecuencias”, expresó González.
Las acciones que cometen en el Capitolio las personas electas parecen reproducirse en la sociedad, donde el engaño, las extorsiones y los robos aumentan cada día.
“Si los que nos representan cometen actos de corrupción, ¿qué va a pensar el muchachito de 15 años que vandaliza un carro y que falta el respeto? ¿Que está en lo correcto?”, expresó Cruz Vélez.
miércoles, 3 de marzo de 2010
FBI diligenció órdenes de allanamiento en el Departamento de Educación
Por: Aixa Vázquez / CyberNews - 2/3/10 8:37 PM Se empaña un poco más su imagen
SAN JUAN (CyberNews) – Las autoridades federales allanaron el martes en la mañana la sede del Departamento de Educación en Hato Rey, así como varias residencias y negocios en Puerto Rico y el estado de Florida, informó el portavoz de prensa de la agencia federal Harry Rodríguez. Agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación federal, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Policía de Puerto Rico diligencian unas ocho órdenes de allanamiento en la Isla que incluyen cuatro edificios del Departamento de Educación, así como otras residencias y negocios. En el estado de Florida de completa una novena orden de allanamiento. Rodríguez explicó que las órdenes de allanamiento surgen a raíz de una información en poder del Departamento de Educación federal y la Oficina del Contralor de Puerto Rico. “Se relaciona con la búsqueda de evidencia de posibles crímenes contra un programa federal que asigna millones de dólares al Departamento de Educación de Puerto Rico”, dijo. Las órdenes de allanamiento fueron sometidas por la magistrado federal Camille Vélez el 25 de febrero de 2010 mediante un sobre sellado. Entretanto, la secretaria de Educación, Odette Piñeiro Caballero, aseguró que el FBI recibe toda la cooperación necesaria ante los allanamientos que realizan. "Estamos cooperando con todo lo que nos soliciten los Federales. Nuestro norte en el Departamento así como el del gobernador Luis Fortuño, es cumplir con la ley y garantizar que los recursos destinados al Departamento lleguen donde tienen que llegar", sostuvo la Titular de Educación. "Los agentes del FBI están realizando su trabajo y está de nuestra parte colaborar en todo lo que nos solicite", agregó.
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