Los estudiantes y maestros del sistema público pagan las consecuencias de una década de vaivenes en el Departamento de Educación
ientras el debate cada cuatrienio gira en torno a quién ocupará la silla principal de una de las agencias más complejas de la administración gubernamental del País, hay rostros con nombre y apellido que han sufrido dentro del aula y en sus hogares la inestabilidad que ha vivido durante la última década el Departamento de Educación (DE).
Esos rostros, los de los futuros profesionales de Puerto Rico, reflejan incertidumbre con los procesos, frustración por la falta de recursos que les permitan aprovechar al máximo su experiencia académica y, para colmo de males, la sensación de impotencia ante la retirada de beneficios que en algún momento tuvieron y que son esenciales para una educación integral.Aún resuenan los nombres de pasados secretarios del DE como Víctor Fajardo, César Rey, Gloria Baquero, Rafael Aragunde y Carlos Chardón, pero en el anonimato quedan aquellos que sufren las consecuencias del cambia-cambia en la jefatura del Departamento, así como de las decisiones o filosofías adoptadas, ya sea por decisión de estos líderes o por el sistema y la estructura que se encuentran al asumir el cargo.
Y es que los estudiantes y sus padres son los que reciben la ‘factura’ por las irregularidades en el DE según los testimonios que salen del interior del salón, y que en muchas ocasiones se quedan en los pasillos como quejas sin atender.
Lamentos que, en resumen, se concentran en la falta de fondos para la compra de materiales en las escuelas, la escasez de maestros o la tardanza en los nombramientos de éstos y la apatía para atender el problema de la educación especial, un renglón que provocó que el DE perdiera una demanda de clase bajo la administración de César Rey, quien a su vez heredó el viejo mal de la administración de Fajardo y otras anteriores.
Discrimen que persiste
Tres años después de perder el pleito judicial de 2002, la monitora asignada por el juez encontró en el 2005 que el DE había fracasado en demostrar el cumplimiento de las 87 estipulaciones que hizo el magistrado Oscar Dávila Suliveres, cuando ya el pleito había cumplido más de 20 años.
Ha pasado otro lustro y todavía los padres alegan discrimen contra los estudiantes de educación especial.
“Hacen falta maestros que sean especializados, que conozcan verdaderamente las necesidades de esos niños”, dijo esta semana, al respecto, Madeline Ares, madre de dos estudiantes atípicos de 21 y 17 años, respectivamente, en la Escuela Superior Ramón Power y Giralt de Las Piedras.
“Yo tengo una buena experiencia en otra escuela, cuando estaban en la Leoncio Meléndez, porque allá había maestros especializados. Pero ahora esa ayuda no se está viendo. Aquí los hay, pero necesitamos un movimiento más grande. Que no estén solos (los maestros que hay). Que por lo menos hayan más personas en los salones recurso para que estimulen a los niños y echarlos adleante. Son personas que pueden triunfar en la vida”, añadió Ares, quien ha tenido que contar con la ayuda de su anciana madre, quien ha tenido que asumir el costo de algunos libros de sus dos nietos porque el DE no les ha suplido el material.
“En el Departamento de Educación parece que no hay mucha conciencia o no lo están tomando mucho en consideración... y son niños que pueden dar el grado como los otros niños regulares”.
Juanita Vázquez, quien representa a los padres ante el Consejo Escolar de la Ramón Power, ha venido escuchando la misma queja en esta y otras escuelas del municipio, y ha visto la evolución del problema.
“Antes a cada estudiante de educación especial le tenían un maestro o tutor asignado. Ya esos tutores no existen. Hay estudiantes de educación especial que no saben ni escribir, pero antes ese tutor les ayudaba a escribir y a hacer asignaciones y tareas. Ahora están más atrasados que antes”, subrayó Vázquez.
Carga adicional para los padres
Pero como madre de una estudiante de la corriente regular en la misma Escuela Ramón Power, la señora Vázquez también ha vivido diversas situaciones desde que su hija Jeypet Carrasquillo Vázquez, de 17 años, cursaba la escuela elemental y luego la intermedia. Situaciones asociadas a las irregularidades o malas decisiones en el DE, o a la mala implementación de iniciativas que en principio han lucido meritorias.
De la primaria no tiene muchas quejas. Sin embargo, los recurrentes problemas de falta de empleados en los comedores escolares la obligaron en cierto periodo a laborar sirviendo comida a los estudiantes en la Escuela Elemental José de Diego en el mismo municipio.
“En la intermedia, la Santiago Torres, ahí la educación se vio afectada con lo de los libros, porque no hubo fondos para comprarlos”, dijo recordando lo que implicó económicamente para ella, quien es madre soltera, incapacitada, y sólo recibe un cheque de Seguro Social.
“Mi dinero tengo que dividirlo para todo. A veces nos vemos con los recursos económicos bien bajitos y no tengo para pagar un libro. Pero ese dinero que dan en el Departamento de Educación, a dónde va a parar”, cuestionó.
Vázquez se hizo eco de las típicas quejas de falta de materiales para los maestros y la falta de fondos para los libros y la transportación escolar durante las excursiones de los estudiantes. Todo se traduce en una carga adicional al bolsillo de los padres, quienes deben comprar incluso materiales de limpieza para los planteles al inicio del año académico, aparte de cubrir las necesidades de sus hijos como uniformes y materiales.
“Cuando vino la falta de libros, tras que los teníamos que comprar nosotros, a veces no los terminábamos de leer. Cuando estaba en grado 10, me hicieron comprar ‘La Charca’ (novela) y leímos, si acaso, como 25 páginas nada más”, denunció Jeypet Carrasquillo.
“Nos están haciendo incurrir en gastos para después no utilizarlos por completo. Igual que ahora, en grado 12, que estamos haciendo un proyecto sobre Don Quijote. Nos piden un proyecto cogiendo paneles y dibujando las aventuras de Don Quijote para luego colocarlos en la escuela. Seguimos incurriendo en gastos de paneles y pintura, ¿para una nota?”, añadió.
Tanto la joven como su madre se quejan, no tanto de los métodos de enseñanza, sino de la insuficiencia de fondos en las escuelas, lo que obliga a los padres a sacrificar su bolsillo.
“Desde que ella está aquí, cuando entró en grado 10, estoy pagando por las excursiones. El martes tuvo una excursión y fueron $22 que le pidieron y en otra anterior con el maestro de inglés para ir a una obra, fueron $20”.
Algo similar les ocurrió cuando se creó el concepto de escuelas de la comunidad mediante la Ley 18 de 1993, firmada por el entonces gobernador Pedro Rosselló González mientras José Arsenio Torres era el Secretario del DE.
“Cuando empezó lo de las escuelas de la comunidad, estábamos en la José de Diego y ahí empezaron a bajar los recursos y los padres nos teníamos que involucrar en la compra de papel higiénico, papel toalla, detergentes para desinfectar la escuela...”, recordó Vázquez sobre el proyecto que comenzó con un plan piloto en varias decenas de planteles.
Decisiones desafortunadas
Vázquez vio como una movida positiva la idea de las escuelas de la comunidad, porque permitió a los padres involucrarse. Igual opinaron por separado los esposos Manuel González y Cristina Febres, padres de tres hijos estudiantes en dos planteles de Trujillo Alto.
Sin embargo, estos últimos han visto ciertas incongruencias con la filosofía del proyecto de más integración y participación de la comunidad.
“No se le daba participación a los padres. Por ejemplo, si había una actividad en la escuela y los padres querían participar, a veces no se lo permitían. Nos decían, ‘no, que tienen que ser los maestros solamente’. Si el padre quería hacer una labor voluntaria no se lo permitían, o si iban de gira los estudiantes, no les permitían ir a los padres que querían ayudar como voluntarios, porque no se podían montar en la guagua”, comentó Febres sobre experiencias pasadas cuando sus dos hijos mayores, María Cristina González, de 17 años, y Emmanuel González, de 15, cursaban los grados primarios.
Tanto Emmanuel como su hermana María Cristina, resienten otra de las decisiones históricas que han tomado pasados Secretarios del DE, como fue la de eliminar la enseñanza de la Educación Física en grados primarios, bajo la incumbencia de Rafael Aragunde, medida que trajo también las protestas de padres, maestros y miembros de la Asociación de Educación Física y Recreación de Puerto Rico (AEFR) por la disminución en plazas para educadores en esta materia y que ha impactado la enseñanza de esta disciplina en otros grados superiores.
“Para quinto grado no habían casi maestros y era como coger educación física un año y al otro no. Eso fue entre quinto y sexto grado”, dijo Emmanuel, quien aspira a una beca deportiva en atletismo en el Recinto Universitario de Mayagüez y a estudiar ingeniería.
Su madre dijo que igual sucedió al pasar a la Intermedia Andrés Valcárcel.
“Ahí tomaba educación física un solo año nada más, que fue en noveno”, añadió el estudiante, ahora de décimo grado en la Vocacional Petra Zenón, donde su hermana María Cristina cursa el duodécimo.
Su otro hermano, Rubén Manuel, tiene 10 años y estudia en la Elemental Tulio Larrinaga, y según la madre de los tres, fue este año en el quinto grado cuando comenzó a recibir clases de Educación Física.
“Eso (la falta de esta materia) afecta a los niños en sus destrezas motoras”, comentó, a lo que su esposo Manuel González añadió que “tiene que haber un maestro de Educación Física desde primero porque esa es la base”.
La presión federal
En cambio, Doris del Valle, quien además de maestra de matemáticas es madre de un estudiante en la Ramón Power de Las Piedras, muchos de los problemas de la educación pública no están ligados necesariamente a quién ocupe la silla de la Secretaría del DE, sino a la implementación de proyectos sólo por cumplir con el Departamento de Educación federal y así asegurar la continuidad en los fondos que se reciben en Puerto Rico.
“Quizás el problema no es por el cambia-cambia de secretarios. Es que los cambios que trata de comenzar un secretario a veces no hay tiempo para ver si son eficaces. Otro problema es que muchos de los cambios que se dan en el Departamento son para cumplir con leyes federales. Por ejemplo, se hizo un cambio hace dos años mal enfocado”, dijo Del Valle refiriéndose a la enseñanza de las matemáticas.
Según explicó, se cambió a clases de matemáticas de un semestre en lugar del año académico completo, y al ocurrir el cambio hubo un desfase al pasar los estudiantes del nivel intermedio al superior, pues la gran mayoría llegó con lagunas en dicha materia al décimo grado.
“Los que venían de noveno tenían material que no habían cubierto y no dio tiempo de cubrirlo en décimo. Pasaban a 11 y el maestro tenía que tratar de ponerlos al día para cubrir el otro material. Por eso fue que los estudiantes se colgaron en matemáticas en las Pruebas Puertorriqueñas”, dijo Del Valle.
En su papel de madre, también tiene sus quejas relacionadas al tema de las computadoras en las escuelas. Su hijo de 12 años, quien estudia en la Intermedia Especializada Juan Ponce de León, una escuela bilingüe en Humacao, ha experimentado lo mismo que ha venido ocurriendo desde que, bajo la incumbencia de Fajardo en el DE, se introdujeron recursos tecnológicos a los planteles pero su implementación tuvo múltiples escollos.
“En la escuela de mi nene supuestamente hay un laboratorio de inglés y él nunca lo ha usado. No sé si es que no hay un personal nombrado para que las puedan utilizar (las computadoras). Se supone que nombren un maestro y por lo menos mi nene me dice que él nunca ha podido utilizar el laboratorio”.
Juanita Vázquez tuvo la misma experiencia hace unos años con su hija Jeypet, cuando cursaba el séptimo grado en la Intermedia Santiago Torres.
“Hay un salón de matemáticas en que hay computadoras, y yo la cambié de grupo, del 7-4 al 7-6 para que ella pudiera coger esa clase de matemáticas en computadora, porque no a todos los grupos se la daban. Y en la elemental, había un salón que tenía, si acaso, como 10 ó 12 computadoras. Sólo un grupo entraba, pero los demás, ¿dónde se quedaban? En el limbo”.
A juicio de Del Valle, otra constante a lo largo de los años, como es la situación con la tardanza en los nombramientos de nuevos maestros, se ha agravado con la Ley 7 de Emergencia Fiscal, que ha provocado despidos y evitado la creación de nuevas plazas.
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